Universidades públicas asociadas a la ANUIES, entregan sus estados financieros a La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
07-Diciembre-2017
- Este acto significa un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas: Maldonado Venegas
- Se requieren reformas para la sostenibilidad financiera a largo plazo de estas instituciones: Jaime Valls
- Problemas económicos de estos centros educativos no pueden ni deben resolverse con mecanismos violatorios de la ley: ASF
Las universidades públicas, que forman parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), entregan sus estados financieros auditados, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, así como el reporte de sus principales avances académicos a las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Educación Pública y Servicio Educativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.
El secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, expresó que por noveno año consecutivo, en el marco de su autonomía y en un ejercicio pleno de responsabilidad social, estos centros educativos hacen entrega “de la evidencia sobre el buen uso de los recursos públicos asignados a través de la Cámara de Diputados”.
Indicó que la transparencia y rendición de cuentas son herramientas fundamentales para el desarrollo social, ya que generan certidumbre y confianza en el uso adecuado de los recursos públicos. La inversión en educación superior, y en ciencia, tecnología e innovación, ha sido reconocida como un elemento indispensable para incrementar la productividad y la competitividad de las naciones y para asegurar el bienestar y el desarrollo social de su población, afirmó.
Valls Esponda añadió que no sólo se ha maximizado y transparentado el uso de los recursos públicos que reciben estas instituciones, tanto de la Federación como de los gobiernos estatales, sino que ha incrementado su capacidad de generar recursos propios y logrado una mayor eficiencia en sus procesos internos, lo que les ha permitido incrementar la matrícula en proporciones superiores al crecimiento del subsidio.
Estas 34 universidades e instituciones, dijo, son responsables de la formación de 1.2 millones de alumnos, lo que significa el 40 por ciento del total de la educación superior pública del país. Además, han alcanzado el porcentaje más alto del sistema educativo en lo que se refiere a la matrícula atendida en programas de licenciatura reconocidos por su calidad.
Relató que el financiamiento de la educación superior con visión de Estado representa un eje prioritario para otorgar suficiencia y certeza presupuestal a estas entidades en el marco de la corresponsabilidad entre el gobierno federal y los estatales, buscando condiciones que permitan el mejor cumplimiento de los compromisos sociales de las casas de estudio.
No obstante, externó su preocupación por la situación financiera crítica que enfrenta un grupo de universidades públicas. “No se trata de un problema coyuntural para el cierre de este año. Estas instituciones han operado en condiciones deficitarias en los últimos años como resultado del crecimiento acelerado de la matrícula, el reconocimiento parcial de la plantilla de personal académico y administrativo, los compromisos contractuales adquiridos a lo largo de décadas y la falta de solvencia para atender las obligaciones derivadas de los sistemas de pensiones y jubilaciones”.
La solución a estos problemas estructurales, añadió, requiere de una política renovada de financiamiento, con la corresponsabilidad de los distintos órdenes de gobierno y el compromiso de las instituciones de educación superior, para llevar a cabo las reformas que permitan su sostenibilidad financiera en el largo plazo.
Además, reconoció y agradeció a la Cámara de Diputados por los recursos asignados para 2018, porque se logró que estas instituciones recibieran un subsidio ordinario similar, en términos reales, al del presente año, y que el Fondo para la atención a problemas estructurales de las Universidades Públicas Estatales cuente con una asignación de 700 millones de pesos, “lo que les permitirá continuar con las reformas a sus sistemas de pensiones”.
Jaime Valls reiteró el compromiso de las universidades e instituciones de educación superior para continuar trabajando en ampliar la oferta, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la enseñanza superior en beneficio de un número creciente de jóvenes mexicanos.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, diputado Luis Maldonado Venegas (PRD), manifestó que la entrega de los estados financieros significa un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas; además, permite la revisión y evaluación por parte de las comisiones. Consideró que las universidades no han sido óbices al transparentar su actuar, y muestran su compromiso con la ciudadanía a través de responsabilidad social y alta ética en el ejercicio de los recursos públicos que llegan a sus manos.
Precisó que en la revisión de la Cuenta Pública 2016, que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de acuerdo con el programa Anual de Auditorías para la Fiscalización, se tiene la ejecución total de 42 revisiones al mismo número de universidades.
De ese total, continuó, 34 auditorías tuvieron un enfoque de cumplimiento financiero, siete de tipo forense y una más relacionada con inversión física.
Respecto a la Cuenta Pública 2015, se practicaron 58 revisiones a 21 instituciones de educación superior, principalmente con enfoque de cumplimiento financiero, con carácter de desempeño forense, explicó.
Maldonado Venegas expresó su certeza de que los estados financieros serán considerados particularmente con el interés de hacer visible la evaluación que tienen, y los avances que se han implementado en los últimos años, para garantizar la calidad y cobertura en la prestación de los servicios educativos que ofrecen estas instituciones.
Refirió que al ser no ajenas a procesos de fiscalización de recursos públicos que les son transferidos mediante el sistema de apoyo a las instituciones de educación superior, las universidades dejan clara su firme determinación de abonar a los esfuerzos en materia de transparencia.
“Los diputados estamos obligados a crear una firme y positiva alianza, donde a través de mecanismos de intercambio de información, acercamiento e iniciativas de ley, podamos fortalecer a la columna vertebral de nuestro sistema de educación que, reconoce en estas instituciones, entes que la sociedad respeta, admira y atribuye alto sentido moral”, comentó.
“Estamos atentos desde las etapas de promoción y gestión del Presupuesto, así como de las diversas iniciativas que plantean recursos multianuales o incrementos en los montos destinados a la investigación, de la cual, 90 por ciento se realiza en academias afiliadas a la ANUIES”.
El acto, agregó, se da en nuevas circunstancias, y frente a un marco jurídico que busca promover e impulsar el combate a la impunidad y a la corrupción, a través de un entramado de fiscalización.
De igual manera, recordó que “en las próximas 72 horas, la Comisión de Vigilancia tendrá que resolver la integración de la terna que el Pleno de la Cámara valore para la designación del nuevo Auditor Superior de la Federación”.
Los 41 candidatos registrados y que expusieron su visión sobre el sistema de fiscalización, mecanismos de control y del Sistema Nacional Anticorrupción, la mayoría, “estoy cierto, son provenientes de instituciones que integran la ANUIES”.
Como orgulloso egresado de una universidad pública, dijo que estas instituciones son el gran baluarte de los estados y la República, por lo que agradeció sus aportaciones e hizo votos para que sigan con el mismo ímpetu de mejora continua que ha alentado la marcha y ritmo de las instituciones educativas.
De la Auditoría Superior de la Federación, Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, afirmó que los problemas financieros de las universidades no pueden ni deben resolverse con mecanismos violatorios de la ley. “Son las primeras obligadas a respetar, dentro de su autonomía, el marco jurídico constitucional que rige a todas las personas e instituciones de nuestro país”.
“No hay excepción o autonomía que autorice a violar la ley”, y las universidades públicas, constituyen el pilar que permite formar a los jóvenes mexicanos para que en su momento y con el ejemplo recibido, se constituyan en el elemento preventivo fundamental de combate a la corrupción.
Hay que ser congruentes y rechazar acciones de quienes, apoyándose en ciertas prerrogativas de ley, han buscado mecanismos de solución a problemas financieros de universidades, “pero con ello han abierto la puerta a la comisión e irregularidades, incluso con importantes beneficios personales, y por ende, perjuicios al erario”.
Refirió que las instituciones públicas de educación superior, haciendo un uso responsable de su autonomía, cumplen con su deber de rendir cuentas, al presentar los estados financieros dictaminados, “con lo que transparentan su gestión y proporcionan elementos mínimos indispensables para fiscalizar los recursos públicos que utilizan”.
Tienen la obligación de predicar con el ejemplo para que los futuros profesionales tengan clara conciencia de la responsabilidad social que implica el manejo de recursos públicos.
Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y presidente del Consejo de la Región Centro-Sur, acotó que hoy las instituciones dan muestra cabal del compromiso de transparencia y rendición de cuentas, aunadas al progreso educativo de la nación.
“Hemos actuado con disciplina y convicción en la defensa de la libertad, la justicia y el derecho; construyendo una educación impartida con excelencia y potencia académica docente, a partir de una cultura de planeación efectiva respaldada por las reformas necesarias y una infraestructura moderna.
Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y presidente del Consejo de la Región Noroeste, señaló: no se debe juzgar ni condenar a las universidades que frente a un presupuesto insuficientes busquen mecanismos para hacerse llegar montos que les permita mantener el compromiso social, de inclusión y equidad y una educación de calidad.
“Revindicamos el compromiso de seguir manejando y siendo evaluados en la transparencia para encontrar más que aspectos para señalarnos, poder asumir que al Estado le ha faltado resolver de fondo el problema del presupuesto para la educación superior”.
Manuel Fermín Villar Rubio, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y representante del Consejo Región Noreste, subrayó que las instituciones de enseñanza superior están conscientes que la rendición de cuentas, es parte de brindar a la sociedad la seguridad que los recursos que se emplean a este rubro están eficientemente ejercidos.
“Los recursos que a través de la Cámara de Diputados se otorgan a las universidades permiten proporcionar una enseñanza de calidad, ampliar la matricula, generar investigaciones de punta para resolver las necesidades de la sociedad, empresas, pues coincidimos que la educación es la base para que México pueda avanzar y progresar”, enfatizó.
